Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una estructura societaria destinada a adquirir el control en cerca de veinte compañías utilizando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y gestor en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto comienza a gestarse en 2016, instante en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para identificar y capitalizar oportunidades de inversión mediante una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.
Esta composición pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que Sugerencias adicionales se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.
Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras se desvelan más capas de un enfrentamiento que subraya la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y administradores en el ámbito del capital peligro..